Es de esperar que la DGI incremente los requerimientos de información de precios de transferencia y la imposición de multas a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones.
Estar al día con los cambios relacionados al tema de los Precios de Transferencia es clave, dada la importancia que tiene para los grupos multinacionales y los grupos económicos locales conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal panameño.
El régimen de precios de transferencia es una norma de control fiscal que trata de evitar el traslado de beneficios por medio de las transacciones realizadas entre partes relacionadas. Los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia en Panamá deben cumplir con el principio de libre competencia del Artículo 762-A y con las obligaciones documentales establecidas en los artículos 762-I, 762-J y 762-K conforme al Código Fiscal.
Con la aplicación del régimen de control fiscal de precios de transferencia, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), se han suscitados importantes discusiones sobre el cumplimiento del principio de libre competencia y de las obligaciones documentales por parte de los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas desde las Zonas Libres, Zonas Francas, Áreas Económicas Especiales y Regímenes Especiales, asimismo, en este sentido se han generado controversias por los ajustes de precios de transferencia y la imposición de multas que han alcanzado hasta un millón de dólares de acuerdo con el Art. 762-I del Código Fiscal.
Hay que destacar que hasta el periodo fiscal 2018 se encontraban únicamente obligados al régimen de precios de transferencia aquellos contribuyentes que realizaran operaciones con partes relacionadas ubicadas en otras jurisdicciones siempre y cuando las mismas tuvieran un efecto en los ingresos, costos y gastos para fines del cálculo del impuesto sobre la renta.
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