La aprobación del Presupuesto 2025, junto con medidas como la reforma al sistema de pensiones, busca alcanzar objetivos de sostenibilidad fiscal, lo que ha generado optimismo en el mercado. Sin embargo, la presión sobre las finanzas públicas continúa, lo que hace necesario aumentar la recaudación tributaria.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto, se estima que los ingresos tributarios alcanzarán aproximadamente $8,240 millones para 2025. Aunque no se anticipan incrementos en las tasas impositivas ni recortes en las exoneraciones, el éxito en alcanzar esta meta dependerá en gran medida del fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La DGI enfrenta el reto de luchar contra la evasión fiscal y mejorar la recaudación en un sistema que incluye múltiples exoneraciones. A pesar de los esfuerzos por modernizar la administración fiscal, la discrepancia entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados sigue siendo un problema persistente, como han señalado tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, se anticipa un aumento en las auditorías fiscales, especialmente enfocadas en grandes contribuyentes. La reciente reestructuración de la Oficina de Grandes Contribuyentes, ahora integrada al Departamento de Precios de Transferencia de la DGI, refleja esta tendencia.
La implementación del Código de Procedimiento Tributario en 2024 ha traído consigo nuevas regulaciones para combatir la evasión fiscal, aunque también ha generado incertidumbre legal, especialmente en lo que respecta a las compensaciones en los créditos fiscales. Es probable que en el futuro surjan nuevas propuestas para modificar esta legislación.
Además, se espera un incremento en las auditorías de precios de transferencia y en la verificación de los criterios de sustancia para aquellos contribuyentes que disfrutan de tarifas reducidas en regímenes fiscales preferenciales. Si no se cumplen estos criterios, se aplicará una tarifa del 25% del Impuesto sobre la Renta, lo que podría resultar en casos de defraudación fiscal según el Código de Procedimiento Tributario.
Por otro lado, los recientes cambios en la política tributaria de la administración de Estados Unidos han retrasado la implementación de los Pilares I y II de la OCDE, en particular el Pilar I, que pretendía gravar los beneficios de las grandes empresas en su lugar de mercado. Estos cambios podrían influir considerablemente en la política tributaria de Panamá. En este sentido, la creación del Consejo Fiscal en 2025 representa una oportunidad para enfrentar estos nuevos retos y fomentar un sistema tributario que esté en línea con las mejores prácticas de la hacienda pública moderna.
El año 2025 se vislumbra como un periodo crucial para el sistema tributario panameño. A pesar de las iniciativas positivas, persisten desafíos significativos relacionados con la evasión fiscal, la complejidad de las normativas tributarias y la necesidad de adaptar la legislación a un entorno global cada vez más competitivo.
Escrito por José Galíndez de GMtaxadvisors
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