La reforma tributaria es un tema de gran relevancia en cualquier país, y Panamá no es la excepción. En este contexto, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la Misión de Consulta de 2024 ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la base imponible de los impuestos en el país, reduciendo las exenciones, deducciones y el gasto fiscal en general. Se destaca que muchas de las exenciones existentes en el sistema tributario panameño son regresivas y benefician principalmente a contribuyentes de altos ingresos.
El FMI ha sugerido al gobierno panameño que racionalice las exenciones tributarias, simplificando las del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) y el proceso de devolución, revisando las exenciones y deducciones del impuesto sobre la renta de las personas naturales, así como los incentivos fiscales del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas. Además, se plantea la posibilidad de aumentar las tasas impositivas, subir las alícuotas del Itbms y ajustar al alza los impuestos suntuarios sobre cigarrillos y combustibles.
Una de las recomendaciones más destacadas del FMI es la adopción del Impuesto Mínimo Global para grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros y que no tributen a una tasa efectiva del 15 % a nivel consolidado de filiales y subsidiarias en el país. Este tipo de medidas buscan garantizar una mayor equidad en el sistema tributario y evitar la elusión fiscal por parte de grandes corporaciones.
En este contexto, es fundamental que los diseñadores de la reforma tributaria en Panamá se enfoquen en la configuración de hechos imponibles que consideren la capacidad económica de los contribuyentes, respetando la reserva de Ley y aplicando normas de control fiscal efectivas que combatan la evasión y fomenten el cumplimiento tributario voluntario. Asimismo, es necesario llevar a cabo una transformación integral en la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de desarrollar una visión de servicios orientados a los contribuyentes.
En los próximos cinco años, los responsables de la política tributaria en Panamá deberán elaborar una narrativa clara y efectiva que genere cambios significativos en el sistema tributario del país, con el fin de alcanzar las metas de recaudación y garantizar la sostenibilidad fiscal a través de los ingresos tributarios. Esto permitirá al Estado implementar políticas públicas orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad, contribuyendo al desarrollo económico y social de la nación.
En resumen, la reforma tributaria en Panamá es un desafío que requiere de medidas concretas y bien fundamentadas, orientadas a promover la equidad, la eficiencia y la transparencia en el sistema fiscal del país. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto, será posible avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo, que contribuya al bienestar de todos los panameños.
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